16. Albert Boadella

16.1. Obras sometidas a censura

El escándalo de La Torna es, sin duda, uno de los acontecimientos más significativos de la censura teatral de la Transición [1] . Como es bien sabido, el director del grupo, Albert Boadella, fue encarcelado tras el veto militar a este espectáculo. Un periodista comentaba al respecto: “Ha sido, con toda seguridad, el preso español más popular de los últimos años. Su mito, caso a la altura de el Lute; su caso, rocambolesco donde los haya, y su teatral fuga del Hospital Clínico de Barcelona, donde se encontraba detenido, le han hecho entrar de lleno en la leyenda popular” [2] . El encarcelamiento ocasionó una protesta a nivel internacional en la que se implicaron nombres tan significativos como Jean Louis Barrault, Yves Montand o Arthur Miller, además de la junta directiva en pleno de Recherches Artisques —organización que reunía a unas cuatrocientas personalidades del mundo de la cultura—, quienes ofrecieron su apoyo al actor español cuando este se exilió, demostrando, como en tantas otras ocasiones, un reconocimiento hacia su trabajo superior al que existía en nuestro país. Un año después, el propio Boadella afirmaba: “Es evidente que un país en el que mi caso se convierte en un asunto de Estado no funciona bien. Cataluña me ha desilusionado” [3] .

La Torna fue la única obra presentada a censura en estos años. El texto fue autorizado en septiembre de 1977, unos días después de haber sido presentado. Su expediente no contiene más datos acerca del proceso censorial de esta obra, únicamente hay un libreto, en catalán, sin tachaduras, lo que parece indicar que se autorizó sin cortes. Jaume Collell ha recordado que cuando La torna se estrenó en Barcelona, “el censor se limitó a decir que ‘en la escena del borracho y la camarera, se deben evitar las palabras malsonantes, y la camarera tiene que suavizar los ademanes’” [4] .

La última representación de esta obra tuvo lugar el 30 de noviembre de 1977, en Reus. Cuarenta y ocho horas después, se le notificaba a Boadella la orden de prohibición que le impedía volver a representarla, dictada por la autoridad militar. Los actores fueron encarcelados, juzgados y condenados por un tribunal militar, que consideró que este espectáculo era un ataque a las Fuerzas Armadas españolas. Tras el proceso, los componentes de Joglars se exiliaron en Perpignan. Hasta marzo de 1979, Boadella “vivió una extraña libertad semitolerada y semiclandestina” [5] , pero el 22 de ese mes, fue detenido en su masía de Pruit cuando iniciaba los ensayos del montaje siguiente, La Odisea,  y conducido a la cárcel modelo de Barcelona, en la que permaneció hasta el  20 de julio, cuando salió en libertad provisional. José Monleón explicaba así lo ocurrido con la censura de La Torna:

El hecho de utilizar un lenguaje pantomímico permitía la creación de signos equívocos, que la complicidad de los espectadores interpretaba —sin que los censores pudieran alegar que “allí” se expresaba lo que el público entendía— de un modo inequívocamente político. Planteado el comienzo de nuestro proceso democrático, el grupo creyó que era el momento de utilizar un lenguaje más explícito, en parte también por la incorporación de nuevos elementos, faltos de la extraordinaria capacidad de expresión corporal que tenían los antiguos. El tema fue el consejo de guerra y la ejecución de Heinz Chez, súbdito polaco, duramente castigado por el curso de la historia [...], cómico trashumante, acusado de la muerte de un guardia civil y de otros delitos. El espectáculo de Els Joglars, titulado La torna, puso su énfasis en dos extremos: uno, el hecho de que Chez fuera ejecutado a garrote vil [...], el mismo día que a Puig Antich, probablemente para diluir la significación política de este último personaje y equiparar su condición a la de delincuente común que tenía el polaco; otro, el carácter sumarísimo del Consejo de Guerra, la escasa defensa de quien no conocía nuestro idioma y aun el comportamiento ligero de algunos jueces. La obra era, en efecto, muy dura. Y, tras representarse sin incidentes en numerosas ciudades españolas, al hacerlo en la provincia de Tarragona —en cuya capital había tenido lugar el Consejo y la ejecución—, Els Joglars fueron denunciados ante la autoridad militar. Se prohibieron las representaciones [...], se encarceló a su director, Albert Boadella —que, trasladado a una clínica, a causa de un enfermedad hepática, consiguió burlar espectacularmente su vigilancia—, y luego se condenó a todos los actores, a excepción de quienes optaron por cruzar clandestinamente la frontera antes del Consejo de Guerra [...].

Se sostenía que era la jurisdicción ordinaria y no la militar la que debía haber juzgado a unos civiles, por el posible delito de injurias al Ejército realizado desde un escenario. Pero el Código de Justicia Militar aún no había sido modificado —y, por lo tanto, el consejo de guerra se ajustaba a la legislación vigente—, a pesar de que tanto en la parte política de los Pactos de la Moncloa como en el ya avanzado proyecto constitucional se formulaba claramente la unidad de jurisdicción, restringiendo el hasta entonces muy amplio concepto de delito militar [6] .

Este fue uno de los sucesos más polémicos del período, y su repercusión alcanzó a la propia imagen de la censura franquista. Según comenta Juan Margallo, la retirada de esta obra desencadenó la segunda huelga del espectáculo [7] . En las páginas de Pipirijaina, Pérez Coterillo encontraba en lo ocurrido con La Torna un motivo para reflexionar sobre la existencia de otras censuras distintas a la administrativa:

Que la censura practicada en el Ministerio de Cultura esté en estado de coma; que únicamente permanezcan los desgastados gestos administrativos de expedición de permisos; que los censores traguen ahora todo lo que les echen, después de largos años de estreñida intransigencia... son datos menores. El hecho dominante es que la censura ideológica se sigue ejerciendo por múltiples conductos […]. Cuando tratan de ahogarse estas voces es señal de que muy pocas cosas han cambiado, apenas la fachada, y que los viejos resortes del poder siguen en las mismas manos.

En un artículo escrito a propósito de lo sucedido con esta obra, titulado significativamente “¿De qué libertad de expresión hablamos?”, Javier Maqua atacaba la escasa importancia que habían concedido a este tema las instancias políticas: “Es una situación tan ferozmente amordazada por el consenso —por el miedo—, donde diferir es sinónimo de insensatez, se comprende el tímido comportamiento de las instancias políticas en la capaña por la libertad de Els Joglars, su abstención real, la reducción de las intervenciones parlamentarias a una sola interpelación tartamudeante y respetuosa, el esfuerzo de los partidos de la izquierda para evitar que el tema se tratase en el Consejo de Europa, etc.” [8] . Este autor citaba unas palabras del propio Boadella que ratificaban esta idea: “Yo estaba convencido de que los políticos no secundarían los deseos del pueblo”, y a la pregunta sobre las causas de esta postura, explicaba: “Por miedo. […] Ciertos políticos me pidieron que me retractara. Estaban asustados de lo que se venía encima. Manifestaciones, protestas, todo un embrollo y quisieron tener un pretexto para tapar el asunto” [9] .

Aún muchos años después, el grupo continuaría provocando polémicas con su montaje Teledeum, contra el que se llegaron a presentar tres querellas. Según comentaba uno de los componentes del grupo, Jaume Collel, muchos obispos españoles “exigieron la prohibición del espectáculo, otros se quejaron a los poderes públicos porque con el dinero de todos se subvencionaban estos ataques a la religión, y otros organizaron misas y actos de desagravio, como en los mejores tiempos eucarísticos” [10] . El montaje también sería atacado por el antiguo censor Manuel Díez Crespo desde las páginas del diario Alcázar: “cualquier mamarracho pretende hacerse rico y famoso acudiendo a las más siniestras procacidades o irreverencias”.